Ejecutivo y legislativo: choque a la vista
Por Lcdo. Víctor Rivera Hernández
Estamos en el umbral de lo que podría ser un choque indeseado, innecesario e indeseable, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en Puerto Rico. En los últimos días, mucho se ha hablado sobre la negativa del poder ejecutivo a que algunos de sus funcionarios del área económica y fiscal acudan a unas vistas públicas al palio de la correspondiente citación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Esa negativa establece un mal precedente sobre una materia altamente discutida y resuelta tanto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como por su homólogo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa negativa muestra, además, un mollero político irracional e inoportuno, que además no responde a la nueva realineación del poder político, refrendada por los votantes en las recientes elecciones.
Nuestro orden constitucional establece, sin ambages, el poder de citación que tiene la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Reiteradamente ambas constituciones, el marco legal y la jurisprudencia interpretativa han legitimado esa facultad inherente al poder legislativo. Es una facultad proveniente de la experiencia constitucional de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, la cual los propios padres de la Constitución norteamericana establecieron, impulsaron y promovieron al momento de establecer su sistema de gobierno. La pregunta es, entonces, por qué el poder ejecutivo isleño toma, a sabiendas y mansalva, una postura a todas luces inconstitucional y busca con su acción causar un choque constitucional intraramas, teniendo el efecto futuro de involucrar incluso a la rama judicial. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan con ese diseño? ¿Qué buscan con vulnerar el precepto constitucional? ¿A qué le temen?
La actitud del ejecutivo desdice mucho. Establece un mapa de ruta peligroso, equivocado y obstinado. Presagia contiendas innecesarias que el país no necesita, dice Víctor Rivera Hernández.
A estas alturas, no debe existir duda alguna de la facultad consustancial del poder legislativo para interpelar, para investigar, para dar su consejo y consentimiento en relación a nombramientos y para citar, entre muchos otros poderes otorgados por ambas constituciones. En esa dirección, la materia o el asunto por el cual se cita – aun cuando sea parte de los males que exhibe un sistema colonial que permite la imposición de una Junta de Control Fiscal - no debe ser un criterio para que el ejecutivo decida acudir o no a una citación de las cámaras o de sus comisiones. Ante una citación legislativa, se asiste, se cumple en sujeción y deferencia a quien cita y si hubiese razón para levantar un planteamiento de falta de materia y jurisdicción, una vez se asiste se esgrime el planteamiento de exclusión y la comisión o el cuerpo decide, en primera instancia sobre el mismo. En ese caso, si la persona o institución citada insistiera en no contestar o no continuar la vista legislativa, nuestro sistema constitucional provee para que la rama legislativa acuda en auxilio a la rama judicial.
La actuación del ejecutivo no solo es soberbia, contumaz y materia de combustión espontánea para un choque constitucional, sino que pone en peligro además el proceso de consejo y consentimiento de todas y todos los funcionarios que no atiendan la citación servida. Recordemos que a estas alturas, no hay confirmado un solo funcionario por la legislatura, incluyendo el secretario de Estado. Ello me lleva a pensar que si hoy existe un desafío abierto del poder ejecutivo al poder legislativo en tiempos que se suponen sean de “luna de miel intraramas”, qué se podría esperar para el resto de un cuatrienio que promete ser flamenco y más. No perdamos de vista las particularidades y las novedades que sugiere un escenario de pluralidad y de gobierno compartido.
La actitud del ejecutivo desdice mucho. Establece un mapa de ruta peligroso, equivocado y obstinado. Presagia contiendas innecesarias que el país no necesita y toma distancia del consenso y la concertación política y administrativa que la pasada elección, en sus resultados sin precedentes, mandató. Todavía el ejecutivo está a tiempo de evitar un choque constitucional innecesario, indeseable e indeseado.
(Esta columna fue publicada originalmente en la edición electrónica de El Nuevo Día en su edición del 4 de marzo de 2021)
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